La cuestión Malvinas y el Derecho Internacional

El presente trabajo tendrá como objeto rebatir los principales argumentos que han sido esgrimidos a lo largo de la historia por ministros, funcionarios y representantes británicos para fundar su supuesto derecho soberano sobre las Islas Malvinas. Dicha tarea se realizará en aras de brindar a nuestro país los argumentos necesarios para poder encarar las futuras negociaciones con Gran Bretaña desde una postura novedosa.

Para comenzar, ya que los fundamentos históricos de los derechos argentinos tienen sus raíces y derivan de los derechos de la Corona Española, confrontaremos primero los derechos de la Corona Española con la Corona Británica.     

En un principio, la postura británica basaba su derecho soberano en el descubrimiento de las islas y en su subsiguiente ocupación. De tal manera, en 1834, un año después de que la guarnición criolla fuera despojada de las Islas Malvinas por las fuerzas al mando del capitán Onslow, el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico Lord Palmerston, respondió a la protesta argentina por la ocupación de las islas, alegando que la misma se fundaba en los “…derechos soberanos británicos, basados en el descubrimiento inicial y en la ocupación subsiguiente de las islas”.

Con respecto al descubrimiento, si bien no hay datos que sean concluyentes, la teoría de que fue Américo Vespucio en su tercer viaje quien habría avistado por primera vez las islas, es la que tiene mayor aceptación entre los estudiosos del tema. Esta teoría es presentada por el investigador norteamericano, Julius Goebel, quien citando en su libro al francés Antoine Louis Bougainville, sostiene “…Bougainville, que había instalado la primera colonia en las Malvinas, opinaba que Vespucio había avistado las islas, y uno no parecería estar violando ningún criterio del sentido común si aceptara esta conclusión[1].

Por su parte, los británicos sostienen que el descubrimiento de las islas fue realizado por los navegantes ingleses John Davis y Richard Hawkins a fines del siglo XVI. Sin embargo, la falta de precisión de la documentación que hace referencia a dichos viajes, sumado al hecho de que muchos investigadores consideran que Hawkins en realidad nunca estuvo en las islas sino en la Patagonia, le restan credibilidad al argumento británico del descubrimiento. El prestigioso investigador británico Peter Beck, hace hincapié en las ambigüedades de la postura británica con respecto al descubrimiento de las islas, afirmando que el apoyo a Davis y Hawkins “…ha sido relativizado por reconocimientos de fuentes privadas, relativas a la naturaleza imprecisa y confusa de la evidencia[2]”. Finalmente Beck agrega que “…La autenticidad de los descubrimientos se ve debilitada por la falta de ubicaciones precisas y correctas, ya que la ausencia de todo detalle posicional para el descubrimiento de Davis corre pareja con la referencia de Hawkins a los 48o más bien que las cifras reales de 51-53 o. Una discrepancia adicional surge de la mención de Hawkins a personas y fuegos en islas que se sabía deshabitadas…[3].

Además del controvertido descubrimiento, cabe señalar que como correctamente se plantea Peter Beck, el simple descubrimiento, a menos que esté seguido por la ocupación efectiva, no confiere un título legítimo[4]. En concordancia con dicha postura, J. Myhre, del Departamento de Relaciones Internacionales de la London School of Economic, sostiene que  “…el descubrimiento da derecho a un derecho exclusivo para ocupar el área. Pero a menos que el derecho sea ejercido, no existe un título firme[5]”.

Todo ello nos lleva a sostener que es más que incierto que el descubrimiento de las Islas Malvinas haya correspondido a los británicos y que además, en el caso hipotético de reconocerles el mismo, este sólo no alcanza a conferir título alguno sobre las islas.

Pasaremos a analizar el segundo argumento de Lord Palmerston, la ocupación de las islas por parte de los británicos.

Es un hecho absolutamente pacífico que la primera ocupación de las Islas Malvinas fue realizada por el francés Antoine Louis Bougainville, quien tomó posesión formal de todas las islas en nombre de Luis XV el 5 de abril de 1764, dándoles el nombre de Les Malouines. Cuando España se entera de la ocupación francesa de las islas, Carlos III, en ejercicio de los derechos soberanos españoles sobre las tierras, protesta ante Luis XV, y logra el reconocimiento de sus alegados derechos y ambos acuerdan la firma del Pacto de Familia en 1767, donde se cristalizan las pretensiones españolas; y lo más importante, un cabal reconocimiento de los derechos soberanos españoles sobre las islas.

Los británicos recién llegan al norte de la isla Gran Malvina el 12 de enero de 1765, estableciendo allí, Port Egmont. Al principio su presencia pasa desapercibida para la Corona Española, quienes recién tienen noticias de la ocupación británica en 1768. Ese mismo año, los españoles mandan una orden a su representante militar en Buenos Aires,  el general Bucarelli, para que expulse a los británicos que se encontraban en la isla, hecho que se consuma el 4 de junio de 1770.

La expulsión de los británicos lleva a ambos países al borde de la guerra. Finalmente, la diplomacia se impone y gracias a la famosa declaración de Masserano y la contestación de Earl of Rochford, se firma un acuerdo entre ambas naciones.

En palabras del autor británico Jeffrey D. Myhre “…Lo contenido en estos acuerdos son absolutamente vinculantes jurídicamente. Mediante estas declaraciones, España devolvió Port Egmont a Gran Bretaña, pero su reserva sobre la soberanía significó que, junto con Port Egmont, no estaba devolviendo la soberanía británica, suponiendo que alguna vez haya estado bajo la soberanía británica. El puerto sería una base británica en territorio español. La declaración británica no cuestionó la reserva española y debe ser interpretada como un reconocimiento de la soberanía española sobre las islas”[6].

Otro autor británico, Samuel Johnson, comparte la postura de Myhre al sostener que “nosotros reclamamos la restitución, no como confesión de un derecho, sino como una reparación de honor…”.[7]

Lo que ocurrió en las negociaciones fue que desde el principio, Gran Bretaña descartó que se tratara de otra cuestión que no sea del honor. Lord North, Primer Ministro de Gran Bretaña de 1770 a 1782, pronunciándose sobre el acuerdo ante el Parlamento, sostuvo que el mismo se trataba “de una cuestión de honor y no del derecho de Gran Bretaña sobre un rocker desierto e inhabitable”.[8]

Dicha posición fue explicada por Lord Holderness en la Cámara de los Lores, donde expresó que “el establecimiento de Inglaterra en las Islas Falkland era injusto porque ella no tenía ningún derecho a esas islas; imprudente, porque exponía a la Nación a los peligros de una guerra; impolítico, porque era imposible, sin gastos desproporcionados con su objeto, sostener un establecimiento tan alejado…la reparación del insulto, único punto interesante para Gran Bretaña en esta cuestión, era satisfactoria…”.[9]

Gran Bretaña exigió la reparación de aquello que había sufrido menoscabo: su honor. No pretendió el reconocimiento de derechos territoriales que no poseía, ni tampoco una conducta de España que pudiese proporcionarle un título. De ahí su silencio compromisorio frente a la reserva española de soberanía, y su posterior abandono de las islas en 1774.

También hay que destacar que la reparación y el restablecimiento contemplaban sólo a Puerto Egmont. Por ello, el resto del archipiélago, permanecía ajeno a toda presencia y pretensión inglesa.

Otro acuerdo de suma relevancia es la Convención Bahía de Nootka de 1790, firmada por españoles y británicos. En la misma, a cambio de la navegación y derechos de pesca reconocidos a Gran Bretaña, los españoles se aseguran el reconocimiento de su soberanía sobre todas las regiones ocupadas. De tal manera, su artículo sexto establece que “…quedaba acordado respecto de las costas orientales y occidentales de Sudamérica y de las islas adyacentes, que los respectivos súbditos no formarán en el futuro ningún establecimiento en las partes de la costa situada al sur de las partes de la misma costa y de las islas adyacentes ya ocupadas por España; queda entendido que los mencionados súbditos respectivos retendrán la libertad de desembarcar en las costas e islas que allí se encuentren con propósitos vinculados a sus pesquerías y erección de refugios y otras estructuras temporarias que sirvan a esos objetivos…”. (Negrita nos pertenece)

Por todas esas razones, podemos afirmar que los argumentos planteados por Lord  Palmerston, son sumamente débiles y que no resisten un mero análisis histórico. Por ello, creemos que España, al abandonar las islas en 1811 tenía un título sino indiscutido, sí enormemente superior al británico.

Siguiendo con el análisis, no es un hecho controvertido, que las Provincias Unidas del Río de la Plata sucedieron a España en su derecho sobre las Malvinas. Consideramos que se aplica en el caso en cuestión, el principio de Uti Possidetis Jure. Este argumento es compartido por el profesor, M. Akehurst quien al referirse a la soberanía sobre las Islas Malvinas sostuvo que “…Argentina sucedió a España en su derecho. Es una regla del derecho internacional que un Estado de reciente independencia, y que era anteriormente una colonia, hereda todo el territorio situado dentro de las antiguas fronteras coloniales. Esta regla, conocida entre los juristas latinoamericanos como el principio de Uti Possidetis, no es exclusiva de América Latina; ha sido también aplicada a las ex colonias de África y Asia”[10].

En 1820 comienzan los actos posesorios por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre los más importantes podemos mencionar: el viaje del coronel Jewett, oficial naval de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a las islas, donde las reclama formalmente para las Provincias Unidas; la declaración a los balleneros presentes del reclamo de las islas; la designación de Pablo Aregusti como gobernador de las islas en 1823 y las concesiones de tierras, ganado y pesca realizadas a favor de Jorge Pacheco y Luis Vernet en la Isla Soledad; la expedición de Robert Schofield y el establecimiento que erigió en 1824; el establecimiento que erigió Vernet en enero de 1826, entre muchos otros.

Citando nuevamente a Akehurst “Argentina estableció un asentamiento en la Isla Soledad en los años 1820, y este asentamiento perduró hasta que los colonos fueron desalojados por el Reino Unido en 1833. Pues bien: aun si el título español sobre la Isla Soledad hubiera caducado en 1811, con la consecuencia que esa isla hubiera vuelto a ser terra nullius, la Argentina podría alegar que había adquirido la soberanía sobre la Isla Soledad por ocupación, por el establecimiento de un control efectivo sobre ella[11].

Podemos afirmar entonces, que las Provincias Unidas del Río de la Plata ejercieron legítimamente la soberanía sobre las Islas Malvinas desde 1820 hasta 1833, donde fueron expulsadas por las tropas británicas. Consideramos que la ocupación británica de 1833, se produce como resultado de un hecho violento. Surge de numerosos documentos de las época[12], la intimidación a la que se vio sometido José María Pinedo, comandante de la goleta Sarandí, por parte del comandante británico John James Onslow. En palabras de Myhre “…Dado que ya es casi indiscutible que la Argentina tenía un título en 1833, entonces…la invasión británica no puede ser otra cosa que un acto ilegal de agresión”[13].

Con el paso del tiempo, otro argumento fue esgrimido por los británicos. Uno de los primeros en sostenerlo, fue el ministro británico de Relaciones Exteriores durante la guerra de 1982, Francis Pym, quien declaraba que “…nuestro caso se basa en los hechos, en la prescripción y el principio de autodeterminación”. En sus declaraciones podemos observar un cambio de dirección en la línea argumental británica, ya que abandonan cualquier planteo de legitimidad de sus títulos –reconociendo de manera implícita la debilidad de los mismos- y ponen sobre la mesa de debate, dos nuevos argumentos, la prescripción y el principio de autodeterminación.

Con respecto a la prescripción, un punto que merece la pena aclarar, es que dicho instituto se invoca en aquellos casos en que un Estado pretende haber adquirido, mediante la ocupación, la jurisdicción sobre un territorio que reconocía antes otro soberano. Esto significa que no puede haber prescripción de un territorio res nullius. Por lo tanto, Gran Bretaña cuando invoca la prescripción está reconociendo que ha habido un soberano anterior.

En 1964, cuando se trató el tema en el Subcomité III del Comité Especial de las Naciones Unidas para examinar la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países coloniales, Gran Bretaña sostuvo que “el establecimiento de la soberanía británica mediante una abierta, continua, efectiva y pacífica ocupación de casi un siglo y medio da al Reino Unido un claro título prescriptivo”.[14]

Para analizar la viabilidad de la prescripción en el caso que nos compete, debemos determinar si se cumplen los requisitos que han sido establecidos por el Derecho Internacional para su procedencia.

El primer requisito es que los actos de materialización de la posesión deben ser realizados por el Estado a través de sus órganos, de tal manera, resultan irrelevantes para fundar este derecho, los actos de personas privadas[15]. El segundo requisito es que la posesión debe ser efectiva, ello quiere decir que es inadmisible la posesión a través de actos simbólicos. Además, la posesión debe ser pública y pacífica o ininterrumpida. Finalmente, la misma debe estar acompañada de un elemento esencial, el animus domini, ello quiere decir que el Estado debe haberse conducido como soberano del territorio.

Consideramos que si bien Gran Bretaña cumple con algunos de los requisitos exigidos por el Derecho Internacional para prescribir territorios, a saber, durante más de un siglo y medio ejerció su jurisdicción sobre las islas de manera efectiva, pública, ininterrumpida y con ánimo de poseer, dichos requisitos no son suficientes para adquirir un territorio por prescripción, ya que el requisito del ejercicio pacífico o indiscutido del derecho no se cumple.

Gran Bretaña nunca contó con el consentimiento –ni expreso ni tácito- del Estado contra el cual pretende prescribir, en este caso la Argentina. Debemos señalar además, que dicha posesión cuenta con un vicio desde su nacimiento, ya que la ocupación fue llevada a cabo por medio de una invasión del territorio argentino, la cual no ha sido perfeccionada por la aquiescencia, el silencio o la cesión del archipiélago por parte de la Argentina. Todo lo contrario, nuestro país ha mantenido una conducta constante y coherente en contra de la posesión británica. Por último, a través de Resoluciones y Consensos de las NU, la Comunidad Internacional ha reconocido la existencia de una disputa entre Argentina y Gran Bretaña sobre el territorio de las Malvinas. Cabe recordar que no es posible prescribir territorios en disputa. Por estas razones, la posesión británica no ha sido pacífica o indiscutida. No cabe sino concluir, que el principio de prescripción no es aplicable al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas.

Creemos que el segundo argumento, el principio de autodeterminación de los pueblos, es hoy en día el de mayor relevancia, debido a que los británicos lo han convertido en la piedra angular de todo su desarrollo argumental.

Para comenzar, la UNESCO ha dejado en claro que, para ser identificada como tal, una población “debe tener, en su conjunto, el deseo de ser identificada como un pueblo distinto del poder colonial bajo el que se encuentra”. A su vez, en un trabajo del Dr. Terragno publicado por La Ley[16], el ex senador, citando el libro Orden Legal de las Naciones Unidas, afirma que “Los únicos que pueden invocar legítimamente el derecho de autodeterminación bajo el derecho internacional son aquellos que están sojuzgados (…) la auto-determinación es un derecho que sólo puede ser legítimamente reclamado por una comunidad que está en el presente bajo el sometimiento o la dominación de otra comunidad separada y distinta de ella misma”.

Podemos decir entonces que se está en presencia de un pueblo –sujeto del derecho de autodeterminación-, cuando al momento del hecho colonial los habitantes del territorio tenían alguna forma de organización que les era propia y fueron dominados por la potencia colonial. Por ello, en los casos en que el territorio no tenía población, o la población fue reemplazada por ciudadanos de la potencia colonial, no va a ser posible alegar el derecho a la autodeterminación.

Ese requisito fundamental no se da en el caso de las Islas Malvinas, ya que dos leyes británicas – The British Nationality (Falkland Islands) Act 1983 y The British Overseas Territories Act 2002- otorgan a los habitantes de las Malvinas, la ciudadanía británica. Mediante ambas leyes, los británicos reconocen que las islas no están habitadas por un pueblo distinto al suyo.

Por sus grandes similitudes con el conflicto de las Islas Malvinas, es importante mencionar, que en 1967 Gran Bretaña intentó impulsar un referéndum en Gibraltar para que los residentes escojan entre la soberanía británica o española. Sin embargo, el Comité Especial, adoptó una resolución que dice que dicho referéndum es contrario a las provisiones de la Resolución 2231 (XXI) de la Asamblea General la cual solicita al poder administrativo que con premura y en consulta con el Gobierno de España, la descolonización de Gibraltar. A su vez, más tarde ese año, la Asamblea General adoptó una resolución casi idéntica, en la cual en su preámbulo aplica la Resolución 1514 de la Asamblea General. Dicha Resolución establece en su párrafo 6to que cualquier esfuerzo apuntado a la ruptura parcial o total de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ello quiere decir que, por lo menos en Gibraltar, consultar a la población de un territorio acerca de sus propios deseos viola la prohibición contra la ruptura de la integridad territorial y la unidad nacional.

En concordancia con dichas resoluciones, nuestro país ha argumentado invariablemente la no aplicación del principio de autodeterminación a la cuestión Malvinas, precisamente porque sería violatorio del principio de integridad territorial, que las Naciones Unidas han consagrado como una excepción de aquél.

Por su parte, las NU en sus Resoluciones llaman a la Argentina y a Gran Bretaña  a negociar para terminar la presencia colonial y meramente teniendo presente el interés de la población local, ninguna resolución de las NU sobre las Malvinas incluye provisión alguna que requiera la libre determinación.

Lo antedicho se puede observar claramente en el lenguaje utilizado por las Naciones Unidas en la Resolución 2065 (XX), adoptada por la Asamblea General el 16/12/65, cuando al invitar a las partes a negociar sin demora, dispone: “…teniendo en cuenta…los intereses de la población” de las islas. El énfasis puesto sobre los intereses y no sobre los deseos de los isleños, muestra claramente la postura contraria de las Naciones Unidas a resolver el conflicto apelando al derecho a la autodeterminación de los isleños.

A ello se le debe agregar el triunfo obtenido por la Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1985 cuando, a pedido de la diplomacia británica, se expidió en forma negativa sobre la procedencia del derecho de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas. En dicha oportunidad, los británicos propusieron enmiendas al texto de un proyecto de resolución que llamaba a resolver la disputa de soberanía por medio de la negociación. Las enmiendas buscaban incorporar –mediante un párrafo en la parte preambular de la Resolución y un agregado al primer párrafo dispositivo- a la cuestión Malvinas, “el derecho de los pueblos a la libre determinación establecido en la Carta”. Como dijimos más arriba, ambas propuestas fueron firmemente rechazadas[17],  lo que constituye un mensaje expreso de la Comunidad Internacional sobre la inaplicabilidad de dicho principio en la cuestión de Malvinas.

Finalmente, los representantes británicos afirman que la adhesión al principio de autodeterminación es una norma sagrada de la conducta internacional del Reino Unido. Sin embargo, en el caso Diego García, el Reino Unido antepuso sus intereses estratégicos por encima de los deseos de la población de la isla. Los habitantes no fueron consultados, ni se invocó en su defensa el valor supremo del principio de autodeterminación. Los llois – así se llamaban los kelpers de Diego García-, fueron echados de la isla de Diego García. Según un informe del Grupo sobre Derechos de las Minorías (Minority Rights Gruop) de la Cámara de los Lores, se llegó incluso hasta cortar los suministros de alimentos para lograr tal cometido.

Podemos afirmar entonces, que los habitantes de las Islas Malvinas no gozan del derecho a la autodeterminación.

Para finalizar el presente trabajo, creemos que desde el punto de vista jurídico y en cuanto a la legitimidad de los títulos argentinos, nada ha cambiado con el conflicto armado de 1982. Por esa razón, a los pocos meses de la derrota militar de 1982, la Resolución 37/9 de las Naciones Unidas establece que seguíamos en presencia de una situación colonial.

En concordancia con nuestra postura, Sir Anthony Kershaw, quien fue miembro del parlamento británico por 32 años, afirmó que antes del conflicto el Foreing Office estaba dispuesto a discutir la soberanía y que “…esencialmente todo lo que ha cambiado es el conflicto y sus consecuencias, no el principio de que estábamos dispuestos a negociar la soberanía”.[18]

Conclusión: Nuestras reflexiones sobre la solidez de la posición argentina ante el derecho internacional, no implican una postura a favor de creer que se pueda resolver la cuestión por vía arbitral, ya que consideramos que si los británicos no quisieron asumir el compromiso de un laudo adverso a principios de la década del 80’, no estarán, seguramente, dispuestos hoy en día a correr el mismo riesgo. Por el contrario, creemos que teniendo el derecho a nuestro favor, podemos utilizarlo como un importante factor de persuasión. Contando con la legitimidad del derecho, sumado al apoyo de la Comunidad Internacional, provocaremos un cambio de actitud en los británicos, quienes no tendrán más alternativa que sentarse en una mesa a negociar seriamente. En cuanto a la modalidad negociadora, consideramos que lo más conveniente sería avanzar bajo la reserva recíproca de derechos que ofrece el paraguas de soberanía.

Por ello, no podemos esperar, por lo menos en lo inmediato, acuerdos espectaculares o acciones significativas, que traigan aparejados grandes cambios en la situación actual de las Islas Malvinas. Nuestro esfuerzo debe estar concentrado en retrotraer la relación bilateral a su estado anterior al conflicto bélico de 1982, ya que si bien el mismo no ha cambiado la legitimidad de los títulos argentinos con respecto de las Malvinas, sí ha dejado heridas abiertas, que requerirán tiempo para cicatrizar completamente. Por esta razón, nos guste o no, las negociaciones y los avances deberán realizarse paso a paso, concentrándonos en una primera instancia en abogar un restablecimiento de la relación bilateral con los kelpers en todos los campos, para luego ir avanzando en temas referidos a los recursos naturales y finalmente abordar, en aras de su reconocimiento final, el tema de la soberanía argentina sobre las islas.

drdiegoDiego Agustin Ferrari – Abogado de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.), Magister en Derecho Penal de la Universidad Austral (U.A.), Especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en Derecho Penal y Procesal Penal, Universidad de Castilla la Mancha (U.C.L.M.), Toledo, España


[1] Julius Goebel, The Struggle for the Falkland Islands, Universidad de Yale, 1927, pág. 3-4.

[2] Peter J. Beck, The Flakland Islans as an International Problem, Routledge, 1988, pág. 137.

[3] Idem, pág. 36.

[4] Idem, pág. 37-38.

[5] Jeffrey D. Myhre, Title to the Falklands-Malvinas under International Law, Millenium, Journal of International Studies, vol. 12, n o 1, 1983, pág. 26.

[6] Idem, pág. 32.

[7] Samuel Johnson, Ll. D., Thoughts on the late transactions respecting Falkland Islands, The Thames Bank Publishing Company Limited, Essex, 1771, reeditado en 1948.

[8] Frances de la Villiere, Affaires Étrangeres Correspondence Politique, volumen 495, 1771, pág. 128/35.

[9] Idem, pág. 225/37.

[10] Ferrer Vieyra, An annotated legal chronology on the Malvinas (Falkland) Islands controversy, edit. Marcos Lerner, Córdoba, pág. 130.

[11] Idem., pág. 131.

[12] José Torre Revello, Bibliografía de las Islas Malvinas; Obras, Mapas y Documentos, Buenos Aires, 1964, pág. 189.

[13] Jeffrey D. Myhre, Title to the Falklands-Malvinas under International Law, Millenium, Journal of International Studies, vol. 12, n o 1, 1983, pág. 33.

[14] Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Malvinas, Gerogias y Sandwich del Sur, Buenos Aires, 1983, tomo I, pág. 181.

[15] En el caso de la isla de Aves, el árbitro consideró irrelevante la actividad de los habitantes de las islas de San Eustaquio y de Saba, que iban a la isla en litigio para pescar tortugas y recoger huevos. (La Pradelle-Politics, Recueil des arbitrages internationaux, 2da ed., París, 1957, tomo II, pág. 414 y 415).

[16] Terragno Rodolfo, Una ley británica niega autodeterminación a los habitantes de Malvinas, La Ley, 16/02/2012.

[17] La enmienda al párrafo preambular fue rechaza por 60 votos en contra y 38 a favor; mientras que la enmienda al párrafo dispositivo fue rechazada por 57 en contra y 36 a favor.

[18] Informe del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Comunes, presidido por Lord Kershaw. Investigación Académica. Edit. el 17-01-1983.

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